Abogados especialistas en Derecho penal

El proceso penal trata de responder a la pregunta "¿puede el Estado condenar a penas, incluso de prisión, a una persona (física o jurídica) por los hechos de los que es acusado?". 

Martinez San Macario,abogados derecho penalPara ello el Estado dispone de toda su fuerza punitiva, tanto en la investigación e instrucción de las causas penales, como en el enjuiciamiento y ejecución de lo juzgado. La prevención, persecución, enjuiciamiento y ejecución de lo juzgado en causas penales son las finalidades de un proceso penal que pretende esclarecer si las pruebas presentadas en el acto del juicio oral son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de la que gozamos todos los ciudadanos.

Sin embargo, esta fuerza punitiva no es ilimitada, y para controlar el ejercicio del ius puniendi, la Constitución otorga al ciudadano una serie de garantías y derechos que se pueden concretar en el derecho a la presunción de inocencia, un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa; estas son las herramientas básicas que cualquier ciudadano tiene para enfrentarse a un proceso penal.

Como herramientas jurídicas, sólo las puede utilizar a través de un abogado, la ley lo obliga como garantía de defensa. Es por tanto muy importante que el abogado encargado de la defensa de los intereses de una persona (física o jurídica) en un proceso penal conozca perfectamente, no solo la praxis procesal o las leyes penales, sino también la doctrina y jurisprudencia que interpreta la norma penal, ya que es una jurisdicción en continuo cambio y evolución, por lo que resulta fundamental que el encargado de defender los intereses del ciudadano en el proceso tenga estas cualidades.

En el Despacho Martínez San Macario somos especialistas en derecho penal, en constante actualización a través del estudio y la práctica profesional. Ello nos permite ofrecer a nuestros clientes una defensa penal con un alto nivel técnico, procurando así un proceso con todas las garantías que ofrece nuestro ordenamiento.

Para la defensa de nuestros clientes, nuestro despacho ofrece sus servicios tanto a particulares como a personas jurídicas.

 

DEFENSA PENAL DE PARTICULARES: Ya sea como defensa, acusación particular o popular, defendemos los intereses de nuestros clientes desde la asistencia al detenido hasta las últimas consecuencias del proceso penal.

RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS: Desde la reforma que del Código Penal se hiciera por la LO 5/2010, se puede imputar (ahora investigar), acusar y finalmente condenar a una persona jurídica por hechos delictivos de sus administradores, de hecho o de derecho, o de sus trabajadores, siempre que sean por cuenta y en provecho de la empresa.

Para la defensa de las personas jurídicas, nuestro ordenamiento penal y procesal prevé la exención de responsabilidad penal siempre y cuando se haya ejercido sobre los trabajadores el "debido control". Para acreditar ese control adecuado resulta necesario haber realizado dentro de la empresa políticas de cumplimiento corporativo o corporate compliance que, desde nuestro despacho, podemos ayudar a implementar. 

Si desea ampliar información sobre la implementación de planes de cumplimiento corporativo puede ponerse en contacto con nosotros Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

Sin embargo, las empresas u otras personas jurídicas no pueden cometer todos los delitos que contiene el Código Penal, sino que la atribución de responsabilidad penal está limitada a los siguientes delitos:

delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)

delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)

delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP)

delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)

delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)

delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP)

delito de daños informáticos (art. 264 CP)

delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)

delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)

delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)

delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP)

delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)

delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)

delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)

delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)

delito de estragos (art. 348 CP)

delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)

delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)

delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)

delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP)

delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP)

delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP).

 

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